El Partido Popular gestiona la Comunidad Valenciana desde 1995, por tanto, se habrán cumplido 20 años ininterrumpidos de gobiernos populares cuando se acabe la presente legislatura y se convoquen nuevas elecciones autonómicas, previstas para mayo de 2015. Cuando los conservadores accedieron al Gobierno de la Generalitat, la Radio Televisión Valenciana, que había iniciado su andadura en 1989 bajo el mandato del PSOE, tenía una deuda de 22 millones de euros y una nómina, ya sobredimensionada, de 650 profesionales. Ahora, 18 años después, la plantilla se ha triplicado, alcanzado los 1.800 trabajadores, y la deuda se ha multiplicado por 55, al situarse en 1.217 millones de euros. Esta cifra parece pequeña, sobre todo para aquellos que, por el cambio de moneda, han perdido la referencia monetaria, sin embargo, 1.217 millones de euros son más de 200.000 millones de las desaparecidas pesetas, que dan para construir muchas escuelas, muchos hospitales y muchos centros de salud.
En cuanto a la audiencia, también es significativo que cuando el PP se hizo cargo de Canal Nou, su share fuera del 21%, pero 18 años después apenas registrara un 5%. Es decir, que triplicar los empleados y multiplicar por mucho el endeudamiento, no ha servido, ni tan siquiera, para aumentar el número de espectadores. Desastroso. Los datos, absolutamente objetivos, no pueden ser más concluyentes. La gestión empresarial de la televisión pública valenciana, por parte del PP, ha sido absolutamente nefasta. Aunque esto no es más que la punta del Iceberg: la Generalitat está total y completamente arruinada, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Bancaja y el Banco de Valencia, los han llevado a la quiebra, las obras faraónicas, además de duplicar o triplicar sus presupuestos iniciales, se han convertido en auténticos pozos sin fondo, en máquinas insaciables de quemar recursos públicos. Se ha tirado el dinero como si fuera confeti, y, en medio de tanto despilfarro, los valencianos han visto mermado todo lo que constituye el estado del bienestar: la sanidad, la educación y los servicios sociales. En todo caso, no hay que perder de vista que el PP ha actuado de esta forma porque disfruta de una mayoría absoluta que los valencianos le han renovado desde 1995, elección tras elección. O sea, que alguna responsabilidad tendrán sus votantes.
Aunque la Radio Televisión Valenciana ya tenga fecha de caducidad, el hecho cierto es que para la mayoría de los valencianos hace años que echó el cierre. Su ridículo share así lo acredita. Es por este motivo, precisamente, por el que no se echará en falta este medio de comunicación, que se había convertido en el instrumental propagandístico del Partido Popular. Allá donde se desplazaba cualquier conseller acudía un equipo de Canal Nou, exactamente igual que ocurría en tiempos del Generalísimo Franco con las unidades móviles del NO-DO. Pero esto no es lo más grave, lo verdaderamente inaudito, lo peor de lo peor, es el uso sectario que se ha hecho, sin ningún recato, de un canal de televisión sufragado con fondos públicos, donde, además, la oposición no tenía ninguna cabida. Seguramente, los profesionales y cientos de estómagos agradecidos enchufados en la RTVV, acomodados en sus puestos y bien pagados, se limitaban a cumplir las directrices informativas que emanaban del Palacio de la Generalitat. Creían que mientras sirvieran al señor no peligrarían sus empleos, pero, gracias a esa actitud lacayuna, lograron que la televisión se distanciara tanto del pueblo, que, ahora, los propios ciudadanos aplauden la medida adoptada por el Consell, de fundir a negro próximamente las emisiones del ente público RTVV.
Al Partido Popular le ha venido de cine que los tribunales hayan declarado nulo el ERE de RTVV. Que se hayan vulnerado derechos fundamentales y libertades públicas, según el alto tribunal, demuestra a las claras que han cometido errores de bulto, ex profeso, en el diseño del citado ERE, es decir, lo han hecho a conciencia para que la justicia revocara el expediente de regulación de empleo. Observen un detalle: desde que se produce el fallo judicial y hasta que el presidente Fabra anuncia el cierre de Canal Nou, apenas pasan unas horas. ¿Cómo se puede tomar una decisión de esa gravedad, calado y repercusión mediática, en tan poco tiempo? Es evidente que el PP lo había dispuesto todo para propiciar el cierre del canal público de televisión. De esto hay pocas dudas. ¿Qué puede ocurrir a partir de la clausura de RTVV?, pues que sus instalaciones y frecuencias se transfieran a precio de saldo y que la beneficiaria sea alguna empresa afin al partido conservador. Esto ya se irá viendo. Por otro lado, si el PP pierde las elecciones autonómicas en 2015, posibilidad que los populares ya hace tiempo que barajan, el nuevo equipo gestor no dispondría del ente público RTVV para informar a la ciudadanía de los muchos 'pufos' que, a buen seguro, encontrarán en las cuentas de la Generalitat. Tantos años de impunidad darán para eso y mucho más. Téngase en cuenta que el artículo 56 del Estatuto de Autonomía en ningún caso obliga a la Generalitat a crear y mantener el ente público RTVV. En resumen, que cerrar Canal 9 beneficia claramente al Partido Popular, pues si al final se promueve una privatización encubierta a favor de una compañía próxima al ideario de los conservadores, el PP seguirá disfrutando de un fiel instrumento de propaganda, tanto si continúa en el Gobierno como si pasa a la oposición. Los que lo tienen más crudo son el PSOE, EU y los nacionalistas de Compromis, que, pudiendo llegar a formar Gobierno, no dispongan de emisora de televisión, ni de medios económicos para montarla.
Por último, ¿necesita el pueblo valenciano una televisión pública?, sí, rotundamente sí, pero no una televisión manipulada y partidista, sobredimensionada y convertida en morada de cientos de enchufados improductivos. El canal de televisión no puede estar sometido a la caprichosa voluntad política del gobernante de turno. Se debe consensuar entre todas las fuerzas políticas una regulación que garantice en todo momento un medio de calidad, imparcial y plural, con independencia de quién gobierne. Para que la tele se convierta en el NO-DO particular del inquilino del Palacio de la Generalitat, lo mejor es que su cierre sea definitivo, para siempre.
