La Guardia Civil de Valencia, en el marco de la Operación Trasso, ha desarticulado un entramado criminal diseñado por una fundación para la explotación de laboral de personas condenadas a trabajos en beneficio de la comunidad, siendo empleados bajo amenaza o coacción, en beneficio privado de empresarios y entidades locales durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013.
El presidente de la Fundación Vecinal Blasco Ibáñez, con sede en Loriguilla, así como su familia, que formaba parte del patronato, ofrecía a sus amistades, empresarios, autónomos o cargos públicos, la mano de obra de estos individuos, a los que amenazaba con no justificar la prestación de las penas impuestas a través del Servicio de Gestión de Penas de Vigilancia Penitenciaria de la Ciudad de la Justicia de Valencia, con quien la Fundación tenía firmado un convenio.
La Fundación recibió a través de este convenio a 1.450 personas, habiendo sido un elevado número de ellas víctimas de un delito contra los derechos de los trabajadores y trata de seres humanos con fines de explotación laboral.
Muchas de las víctimas desarrollaron trabajos de mantenimiento de empresas privadas y viviendas de particulares (pintura, albañilería, etc…), para lo cual recibían incluso amenazas y coacciones de los miembros de la fundación de no firmar la justificación de las horas de trabajo en beneficio de la comunidad en caso de no aceptar los trabajos ordenados, que nada tenían que ver con los autorizados por el Servicio de Gestión de Penas.
Entre las distintas actividades laborales irregulares, cabe destacar la detección de los investigadores de trabajos realizados en el Ayuntamiento de Loriguilla, con la autorización del entonces alcalde del consistorio, que ha resultado detenido, en servicios de seguridad pública en horario nocturno en las calles del municipio, servicios supervisados por el que era jefe de la Policía Local de la citada localidad, también detenido, en labores de serenos sin ningún amparo normativo, y vulnerando los principios esenciales de los derechos del trabajador y su seguridad física y jurídica.
Durante la fase de explotación de la operación se ha procedido a la detención de los administradores de las empresas, particulares, autónomos y responsables públicos para los que los trabajadores realizaron labores sin ser remunerados, y se ha constatado la existencia de una Organización Criminal perfectamente estructurada que contaba con la connivencia de cargos públicos del Ayuntamiento y miembros de la Policía Local de Loriguilla, sin los cuales los miembros de la fundación no habrían podido ejecutar los hechos delictivos.
Así mismo, a tenor de las investigaciones el entonces alcalde del Ayuntamiento de Loriguilla, llevó a cabo la desviación de fondos públicos para sufragar presuntamente con los gastos de los vehículos que la fundación empleaba para trasladar a las víctimas, y que fueron también empleados en los vehículos particulares del presidente de la fundación y su familia.
La investigación también ha supuesto la detención de un ex concejal del Ayuntamiento de Gilet para el cual se habrían desviado presuntamente trabajadores a través de la fundación para el desarrollo de trabajos en su empresa de la localidad de Alboraya. Al parecer, y según ha podido saber este rotativo, el detenido podría ser el ex representante de la agrupación vecinal Amb Trellat, Salvador Ortí, quien formó parte del equipo de gobierno en la pasada legislatura, aunque no hay confirmación oficial por parte de la Guardia Civil.
En la fase final de la operación policial se practicaron dos registros en un domicilio y una asesoría jurídica, ambos pertenecientes a los miembros de la fundación, interviniendo una gran cantidad de documentación relativa a los trabajos en beneficio de la comunidad desarrollados en los Ayuntamientos de Loriguilla y Gilet. Así mismo se han recuperado siete vehículos, además de material informático y electrónico.
La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial, el equipo de Policía Judicial de Ribarroja, bajo la dirección del Juez Instructor, Juzgado de Instrucción nº 2 de Lliria (Valencia), y ha supuesto sin duda la detección de una modalidad de trata de seres humanos con fines de explotación laboral sin precedentes en la provincia de Valencia.
